La Red por los derechos de las migrantes responsabiliza al Estado y la UE de las 26 muertes en la ruta canaria en 2021

 

• “Cuidado que no son números, sino personas, vidas, sueños, relaciones, comunidades a las que se les arrebata la vida para defender intereses de gobiernos y grandes empresas”, alerta en un comunicado.

• Reclaman responsabilidad a todas las administraciones públicas, para que dejen de hacer la vista gorda a las condiciones indignas de la acogida y a la gestión violenta de los conflictos.

La Red Canaria por los derechos de las personas migrantes volvió a denunciar este jueves, en la concentración celebrada en la Plaza de la Feria de la capital grancanaria, las políticas migratorias del Estado español y la Unión Europea por ser las causantes de los asesinatos de 26 personas en lo que va de 2021. Los colectivos sociales consideran la cifra “desgarradora” y recuerdan que “no son números, sino personas, vidas, sueños, relaciones, comunidades a las que se les arrebata la vida para defender intereses de gobiernos y grandes empresas”,

“Hay muchas maneras de asesinar, cuando se militarizan y fortifican las fronteras, cuando se saquean los recursos naturales, cuando se bloquea a la gente en su proyecto de migrar, cuando se detienen en los CIES, CATE y centros de contención, mal llamados de acogida, cuando se niega la documentación, cuando se violan derechos y libertades, cuando se declina el deber de auxilio, se deporta o se mantiene en incertidumbre, cuando se les condena a situación de calle”, explican en su manifiesto leído a las puertas de la Delegación del Gobierno.

Además de mostrar su “tristeza e indignación por estos asesinatos”, exigen políticas internacionales de cooperación, que abandonen las políticas de saqueo y expolio de recursos den África, una de las principales causas del efecto huida de miles de personas. Rechazan las políticas de blindaje fronterizo y piden respeto al libre ejercicio del derecho a migrar, a los proyectos migratorios que son de pura supervivencia.

La Red reclama también la creación de puntos de información para familiares que necesitan conocer el estado y paradero de quienes se han jugado la vida en las pateras.

En esta línea, los colectivos reclaman responsabilidad a todas las administraciones públicas, para que dejen de hacer la vista gorda a las condiciones indignas de la acogida y a la gestión violenta de los conflictos. “La sociedad organizada canaria está dando una extraordinaria lección de solidaridad y sentido común, llenando el vacío provocado por la desidia institucional, pero es el Estado quien debe dar respuesta y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos”, afirman.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo de 2021